Política en tiempos de crisis: pensando el nuevo modelo productivo desde la tierra
Tomás Valdés. Director Adjunto de Labour Asociados
La actual situación de crisis y algunos elementos de la realidad que no producen la crisis, pero condicionan la duración del ciclo, sus consecuencias económicas y sociales y las alternativas de salida, ponen de manifiesto algunas debilidades estructurales de nuestro sistema productivo y algunas disfuncionalidades de los sistemas de aprovisionamiento y distribución de capital, tecnología y stocks de capital humano, a las empresas. El hecho de haber perdido un millón y medio de empleos en un año con un impacto mínimo sobre el PIB (un 3% en términos interanuales); la lógica invertida de nuestro mercado laboral, que incrementa su productividad cuando pierde empleo (caso único en Europa); las tasas de trabajadores no cualificados o con baja cualificación, que excede el 40% de los trabajadores en nuestro país, la escasa productividad promedio de nuestras empresas, el bajo valor añadido del factor trabajo o la falta histórica de vocaciones empresariales entre los ciudadanos con mayor nivel de cualificación y mejores redes sociales, representan señales de alarma para cualquier economía avanzada, que exigen, cuando menos una parada para la reflexión.
En nuestro país, uno de cada dos escolares no finaliza con éxito ni obtiene el certificado de estudios secundarios obligatorios, dos de cada tres acceden al mercado de trabajo sin ninguna cualificación profesional, casi uno de cada dos alcanza la madurez laboral con niveles de cualificación bajos o nulos y con experiencias de trabajo no transferibles a otros sectores y empresas y el esfuerzo económico que representa la inversión pública en formación universitaria, se diluye en subempleos o empleos precarios, públicos y privados, raramente vinculados con los estudios realizados (excepto en carreras técnicas, tal vez), generando un retorno de inversión mínimo. Mientras que la mitad de los ciudadanos de la UE habla, al menos, un idioma distinto a la lengua materna y con el cual podrían mantener una conversación, los españoles se sitúan por debajo de esta media con un porcentaje del 36%.
Existe una relación cíclica entre la experiencia productiva de las empresas (conocimiento tácito) y los niveles promedio de cualificación alcanzada por los trabajadores, de modo que si las empresas se ven abocadas, por falta de capacidad competitiva o de iniciativas emprendedoras, a operar en sectores de bajo valor añadido, pierden su papel profesionalizador y condicionan a la baja el interés y la motivación para el desarrollo de estudios de ciclo largo y el aprendizaje permanente, al no existir una correlación entre la inversión inicial (costes, lucro cesante y esfuerzos) y las rentas del trabajo generadas. Este efecto, a su vez, condiciona la posibilidad de iniciativas emprendedoras de base técnica o tecnológica, lo cual parece meternos en un laberinto sin salida aparente.
Por otra parte, una cierta visión creciente de los ciudadanos como problema, satura de iniciativas reactivas la lógica de intervención de las administraciones públicas y una cierta orientación de sus actividades y programas hacia colectivos vulnerables, en los extremos de la campana de distribución social. En nuestra opinión supone un error por dos razones: primera porque el resto, aquellos ciudadanos que finalizan estudios medios o universitarios, no tienen solucionada su inserción laboral por la falta de cualificación profesional y por la escasa oferta de empleos de calidad en niveles de cualificación medios y altos, y en segundo lugar porque los servicios públicos o privados que atienden a mercados cautivos, tienden a la respuesta mínima y a la autojustificación. “De las crisis solo se sale cambiando”.
Los ciudadanos no son el problema, son la solución. Este es el cambio necesario. Y el desarrollo de sistemas de estado que doten a los ciudadanos de recursos útiles para su desarrollo personal y profesional, que amplíen su visión del mundo y promuevan la aplicación del pensamiento complejo al análisis de una realidad internacional cargada de incertidumbres, multiplicando la masa crítica de iniciativas económicas y sociales de alto valor añadido. Son tiempos para las ideas… y la política.
Educación, desarrollo personal, políticas activas y servicios públicos de empleo
Distribución social del conocimiento
Hace no más de 15 años, el papel y la sustancia (no cuestionada) de la educación en todo el mundo se ajustaba, prácticamente sin cambios, a las demandas del siglo XIX. Las escuelas, así concebidas, representaban lugares apartados, dependientes de centros de control burocrático, separadas por una valla protectora de la realidad cotidiana, con un único actor docente preparado para acumular y transferir el conocimiento enciclopédico de la época como una vieja reliquia de la Ilustración, animadas por una visión redentorista del hombre y su destino trascendente, pero ineficaces para romper los límites que impone el origen social de sus alumnos y garantizar su autonomía económica y laboral.
La primera evidencia es que se han multiplicado las interrogantes y se han reducido las certezas, en la medida en que se difumina la posición ocupada por las instituciones educativas tradicionales, como entorno natural de socialización y aprendizaje, y se sustituyen paulatinamente por una concepción más amplia, que da carta de naturaleza a nuevos escenarios para el aprendizaje: la familia, la empresa, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, Internet, los espacios públicos regulados, etc. La segunda evidencia, en la nueva realidad internacional globalizada, es que el conocimiento actualizado y su propiedad, resulta ser determinante para fijar la posición social de los individuos, la posición competitiva de las empresas y la posición comparada de las naciones.
¿Cómo ajustar los sistemas de educación y formación para convertirlos en sistemas equitativos y eficientes de administración social del conocimiento? Entender la forma en que se distribuyen o concentran los conocimientos en los grupos sociales, empresas y naciones y la forma en que dicha distribución condiciona su desarrollo, puede servir de punto de inflexión para profundizar en el debate sobre la educación y la formación profesional necesarias, desde una óptica progresista.
Integración de políticas públicas y generación de impactos cruzados
¿Cómo romper la cadena de transmisión hereditaria de la pobreza? ¿Cómo comprometer a la población vulnerable en su proceso de desarrollo personal? ¿Cómo conseguir el éxito universal del sistema educativo en sus niveles obligatorios? ¿Cómo financiarlo? ¿Cómo multiplicar la capacidad de retención de las escuelas? ¿Cómo eliminar el fracaso escolar? ¿Cómo conseguir que cada escolar defina un proyecto de identidad personal antes de finalizar el nivel educativo obligatorio? ¿Cómo lograr que cada ciudadano reciba formación profesional, antes de la primera inserción laboral? ¿Cómo preparar a la población para su participación activa en la economía de mercado? ¿Cómo conseguir multiplicar el número de iniciativas emprendedoras? ¿Cómo conseguir la estabilidad y el éxito de los emprendimientos productivos de economía social? ¿Cómo multiplicar los esquemas de pensamiento basados en la ciencia y la tecnología, entre los pequeños empresarios? ¿Cómo multiplicar la oferta de empleo estable y con derechos? ¿Cómo multiplicar el nivel de información de la población sobre el mundo exterior y las reglas que lo conforman?
Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil. No son cuestiones exclusivamente presupuestarias, y ninguna tiene solución desde un solo ámbito de gestión pública. La educación no es solo un problema educativo, la producción no es solo un problema económico de inversión y costes laborales, la pobreza no es solo un problema social, el trabajo no es solo un factor de la producción, la profesionalización de los trabajadores no es solo un objetivo del Ministerio de Educación, la iniciativa emprendedora no es solo un problema de formación y la democracia no es solo un problema institucional. Todo tiene que ver con todo. Y en este contexto, el trabajo representa una piedra angular desde la que construir derechos y fortalecer la democracia, un instrumento de distribución de renta y desarrollo personal, un objetivo para la orientación estratégica de la educación, una herramienta proactiva de desarrollo social, un ámbito de inversión eficiente para el desarrollo económico y la creación de riqueza y una condición sine qua non para la promoción del emprendimiento productivo de base tecnológica. El capital humano, representa un factor crítico para el éxito económico de las sociedades europeas y la expectativa de una vida digna y con derechos para el conjunto de la población.
Obligaciones del Estado. Institucionalidad de los servicios
El actual marco normativo convierte a la Administración Central del Estado (Servicio Público Estatal de Empleo) en un dispensador de subvenciones y un controlador, no tanto de la eficiencia social de las acciones, como de la correcta aplicación administrativa de los recursos. Dicho status quo inhibe su papel como impulsor de cambios y gestor de contingencias estatales, impide su función propositiva de análisis y pensamiento estratégico e imposibilita su cometido indelegable de garantía efectiva del derecho al trabajo, en todo el territorio nacional. ¿Cómo esperar resultados objetivos de las políticas activas de empleo si hace más de treinta años que se repiten de forma cansina los mismos objetivos, estrategias y programas, soslayando los cambios profundos producidos en el mercado de trabajo y en la propia sociedad española? ¿Cuál es el propósito de la negociación sobre políticas activas de empleo, a nivel estatal, si la gestión en el territorio convierte los objetivos y estrategias en una suerte de competición por los recursos, sin ningún tipo de control de resultados?
La lógica creciente de externalización de los servicios, sin control de eficiencia de las administraciones públicas, genera una multiplicidad de actores operando en el territorio (de forma no coordinada y a veces en competencia) que, lejos de mejorar la situación de los trabajadores en situación de desempleo, promueven una idea del éxito circunscrita al número de desempleados atendidos, convirtiendo los instrumentos en fines y los ciudadanos en clientes.
Resulta evidente que la incertidumbre y confusión de los trabajadores es hoy mayor que hace treinta años, respecto de las demandas y reglas de juego del mercado de trabajo, sus necesidades de cualificación mayores, en una economía globalizada cada vez más orientada a la agregación de valor a través del conocimiento y el talento de los trabajadores y los requerimientos de asesoramiento profesional crecientes, en un mercado de trabajo cada vez más precario, con tiempos de permanencia de los trabajadores en las empresas menores. Y sin embargo, cada vez hay menos formadores con experiencia profesional previa, cada vez menos orientadores con experiencia laboral y conocimiento del mercado de trabajo y cada vez menos especialistas en asesoría laboral con conocimientos sobre la producción y las necesidades de las empresas.
Sea cual sea la orientación que se de finalmente a los servicios, se gestionen con un lápiz o con la última tecnología informática, siempre habrá un factor limitante en la capacidad instalada del sistema para alcanzar los resultados previstos. Lo que saben hacer y hacen, los técnicos de empleo: asesores, orientadores, técnicos de formación, especialistas en intermediación laboral, condicionan la eficacia de los servicios y los resultados de las políticas.
El actual marco normativo convierte a la Administración Central del Estado (Servicio Público Estatal de Empleo) en un dispensador de subvenciones y un controlador, no tanto de la eficiencia social de las acciones, como de la correcta aplicación administrativa de los recursos. Dicho status quo inhibe su papel como impulsor de cambios y gestor de contingencias estatales, impide su función propositiva de análisis y pensamiento estratégico e imposibilita su cometido indelegable de garantía efectiva del derecho al trabajo, en todo el territorio nacional. ¿Cómo esperar resultados objetivos de las políticas activas de empleo si hace más de treinta años que se repiten de forma cansina los mismos objetivos, estrategias y programas, soslayando los cambios profundos producidos en el mercado de trabajo y en la propia sociedad española? ¿Cuál es el propósito de la negociación sobre políticas activas de empleo, a nivel estatal, si la gestión en el territorio convierte los objetivos y estrategias en una suerte de competición por los recursos, sin ningún tipo de control de resultados?
La lógica creciente de externalización de los servicios, sin control de eficiencia de las administraciones públicas, genera una multiplicidad de actores operando en el territorio (de forma no coordinada y a veces en competencia) que, lejos de mejorar la situación de los trabajadores en situación de desempleo, promueven una idea del éxito circunscrita al número de desempleados atendidos, convirtiendo los instrumentos en fines y los ciudadanos en clientes.
Resulta evidente que la incertidumbre y confusión de los trabajadores es hoy mayor que hace treinta años, respecto de las demandas y reglas de juego del mercado de trabajo, sus necesidades de cualificación mayores, en una economía globalizada cada vez más orientada a la agregación de valor a través del conocimiento y el talento de los trabajadores y los requerimientos de asesoramiento profesional crecientes, en un mercado de trabajo cada vez más precario, con tiempos de permanencia de los trabajadores en las empresas menores. Y sin embargo, cada vez hay menos formadores con experiencia profesional previa, cada vez menos orientadores con experiencia laboral y conocimiento del mercado de trabajo y cada vez menos especialistas en asesoría laboral con conocimientos sobre la producción y las necesidades de las empresas.
Sea cual sea la orientación que se de finalmente a los servicios, se gestionen con un lápiz o con la última tecnología informática, siempre habrá un factor limitante en la capacidad instalada del sistema para alcanzar los resultados previstos. Lo que saben hacer y hacen, los técnicos de empleo: asesores, orientadores, técnicos de formación, especialistas en intermediación laboral, condicionan la eficacia de los servicios y los resultados de las políticas.
¿Deben hacerse cargo los servicios públicos de empleo del aprovisionamiento de capital humano a las empresas (en la actualidad menos del 4% de la contratación se realiza por la intermediación de servicios públicos)? ¿Cómo ha sobrevivido el sistema de capitales, durante más de tres siglos, a cambios profundos y radicales en las formas de producir, sin un sistema público de aprovisionamiento de stocks de capital humano? ¿Es esa realmente la función prioritaria del Estado o más bien debería orientar sus prioridades a regular las condiciones de trabajo, proteger eficazmente las contingencias por desempleo, garantizar la libre elección de profesión u oficio y hacer efectiva la transferencia de rentas inmateriales a los ciudadanos, con valor social y significado profesional suficientes para gestionar un proyecto elegido de desarrollo profesional?
Y si las previsiones personales de los ciudadanos se truncan, ¿deben recibir menos y de menor calidad, que aquellos ciudadanos que han tenido una carrera personal exitosa (con una expectativa de reinserción laboral prácticamente inexistente para los mayores de 45 años o de igual calidad para el resto que si no hubieran pasado por los servicios de empleo) o deben de recibir más porque necesitan más y tienen menos?
¿Tiene sentido organizar las políticas activas y los servicios públicos de empleo sobre variables no controladas por el sistema (creación neta de empleo e intermediación)? ¿En que se diferencian las prácticas habituales de intermediación laboral y apoyo a la inserción de colectivos sociales vulnerables, de las prácticas generales? ¿Que características específicas presentan dichos servicios para garantizar la satisfacción de necesidades especiales de jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad o mayores de 45 años? ¿Cuáles son los resultados reales?
¿Qué es lo mínimo qué debe saber y saber hacer un ciudadano, antes de la primera experiencia laboral, para que la expectativa de un trabajo digno, estable y con derechos sea un posibilidad factible? ¿Es esta es una cuestión que debe regular y garantizar el estado de derecho, o por el contrario forma parte del libre albedrío de los ciudadanos y afecta exclusivamente al ámbito de la decisión personal? La evidencia es que, lejos de distribuirse aleatoriamente entre clases sociales, tanto el abandono y el fracaso escolar, como la inserción laboral temprana (predictores de carreras profesionales discontinuas y de condiciones de trabajo de baja calidad) se concentran en una inmensa clase social trabajadora que sigue jugando un papel provisor de mano de obra barata y sin derechos. ¿Cómo encarar desde una política de izquierdas los problemas crecientes de fracaso y abandono prematuro del sistema escolar? ¿Cómo transformar las políticas de empleo pauperizadas, en políticas institucionalizadas de desarrollo personal e igualdad de oportunidades?
Y si las previsiones personales de los ciudadanos se truncan, ¿deben recibir menos y de menor calidad, que aquellos ciudadanos que han tenido una carrera personal exitosa (con una expectativa de reinserción laboral prácticamente inexistente para los mayores de 45 años o de igual calidad para el resto que si no hubieran pasado por los servicios de empleo) o deben de recibir más porque necesitan más y tienen menos?
¿Tiene sentido organizar las políticas activas y los servicios públicos de empleo sobre variables no controladas por el sistema (creación neta de empleo e intermediación)? ¿En que se diferencian las prácticas habituales de intermediación laboral y apoyo a la inserción de colectivos sociales vulnerables, de las prácticas generales? ¿Que características específicas presentan dichos servicios para garantizar la satisfacción de necesidades especiales de jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad o mayores de 45 años? ¿Cuáles son los resultados reales?
¿Qué es lo mínimo qué debe saber y saber hacer un ciudadano, antes de la primera experiencia laboral, para que la expectativa de un trabajo digno, estable y con derechos sea un posibilidad factible? ¿Es esta es una cuestión que debe regular y garantizar el estado de derecho, o por el contrario forma parte del libre albedrío de los ciudadanos y afecta exclusivamente al ámbito de la decisión personal? La evidencia es que, lejos de distribuirse aleatoriamente entre clases sociales, tanto el abandono y el fracaso escolar, como la inserción laboral temprana (predictores de carreras profesionales discontinuas y de condiciones de trabajo de baja calidad) se concentran en una inmensa clase social trabajadora que sigue jugando un papel provisor de mano de obra barata y sin derechos. ¿Cómo encarar desde una política de izquierdas los problemas crecientes de fracaso y abandono prematuro del sistema escolar? ¿Cómo transformar las políticas de empleo pauperizadas, en políticas institucionalizadas de desarrollo personal e igualdad de oportunidades?
La precarización del empleo y las lógicas de producción a tiempo, generan disfuncionalidades sociales que afectan al papel de las empresas como espacio de socialización laboral, a la profesionalización de los ciudadanos y su productividad potencial y a sus expectativas de renta y desarrollo personal. Aprender un oficio o profesión representa una capacidad integrada que incluye el dominio de herramientas y procesos del trabajo, pero también lógicas de producción en situaciones reales de desempeño y habilidades relativas a la solución de problemas en el tajo y la búsqueda de respuestas alternativas a partir de análisis de costes, tiempos y recursos disponibles. Capacidades imposibles de garantizar con los actuales formatos de formación profesional, con tiempos y recursos claramente insuficientes.
Frente a esa realidad, el mercado de formación opera (como cualquier mercado) dando respuesta a la demanda solvente, no a las necesidades sociales y productivas. Tal como ocurre con el mercado de capitales cuando se desregula su actividad, opera con lógicas disfuncionales y ajenas al papel de soporte del sistema productivo y el mercado de trabajo, y acaba respondiendo a la lógica de su propio mercado en términos de mayor beneficio y menor coste. En la práctica, la política sostenida de contratación de desempleados sin experiencia profesional en actividades de orientación y formación de otros desempleados (e incluso de trabajadores), ha puesto al borde de la extinción una gran cantidad de profesiones y profesionales imprescindibles para el desarrollo de una economía intensiva en conocimiento, con un PIB industrial significativo y una productividad comparable con los países de nuestro entorno.
Seamos realistas, hagamos lo imposible.
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